M19. Avance I Semestre 2025

En el año 2016 se formalizó la creación de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental (CNSA) mediante la suscripción de un convenio de cooperación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, como instrumento de coordinación interinstitucional orientado a garantizar la efectiva aplicación del ordenamiento jurídico ambiental costarricense. Esta comisión, responde al deber constitucional del Estado de proteger el ambiente como derecho fundamental (artículo 50 de la Constitución Política), así como a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, la Ley de Biodiversidad Nº 7788, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317 y demás normativa conexa.

La CNSA está integrada por el Ministerio Público quien coordina la comisión, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Seguridad Pública, instituciones que, conforme a sus competencias legales, tienen la responsabilidad de prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos ambientales. La Comisión constituye, por tanto, un mecanismo formal de articulación para coordinar la diligencia del Estado en materia de control y persecución de la criminalidad ambiental.

Desde su creación, la CNSA ha desarrollado acciones dirigidas a fortalecer la coordinación operativa, el intercambio de información, la definición de criterios técnicos y la ejecución de operativos conjuntos. No obstante, la complejidad creciente de los delitos ambientales —particularmente aquellos vinculados al tráfico ilegal de vida silvestre— evidenció la necesidad de establecer una planificación estratégica específica. Por lo que se han creado Comisiones Regionales coordinadas por los Fiscales ambientales Territoriales y grupos regionales de trabajo colaborativo para continuar la coordinación y articulación a nivel nacional.

En el año 2020 se aprobó un Plan de Trabajo enfocado en la atención de los delitos contra la vida silvestre, en reconocimiento del incremento de estas conductas ilícitas y de su impacto directo en la biodiversidad nacional y en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país. Como parte de la ejecución de este Plan, se establecieron alianzas estratégicas con Humane Society International – Latin America y el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, orientadas al fortalecimiento de capacidades de los operadores de justicia y cuerpos policiales en materia de investigación, manejo de evidencia, tipificación penal y coordinación interinstitucional para la atención de los delitos que afectan la biodiversidad.

Estas acciones han permitido:

• Incrementar las capacidades técnicas de los aplicadores de la ley.
• Mejorar la articulación entre autoridades administrativas y judiciales.
• Promover criterios homogéneos en la investigación y persecución penal de delitos ambientales.
• Visibilizar la criminalidad ambiental como una amenaza a la seguridad nacional y al patrimonio natural del Estado.